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El TOF N°2 de Mendoza ya lo había declarado culpable por integrar una asociación ilícita junto a familiares, funcionarios judiciales y policías.
El exjuez federal Walter Bento fue condenado este viernes a 18 años de prisión por haber cobrado coimas a través de una red que habría operado durante años dentro del Juzgado Federal N°1 de Mendoza.
El Tribunal Oral Federal N°2 emitió su veredicto el martes y lo declaró culpable en la causa que lo tenía como principal acusado.
Durante la audiencia, las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y Carolina Pereira también establecieron una multa de $540 millones para Bento, además de la la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos y el decomiso de todos sus bienes. Entre los mismos, hay siete departamentos, varios locales comerciales y cuatro vehículos.
A su vez, las magistradas fijaron la condena para la esposa de Bento, Marta Boiza, quien recibió una pena de seis años de cárcel por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica. Su hijo mayor, Nahuel Bento, fue sentenciado a cinco años por operaciones ilegales de blanqueo de capitales.
La definición llegó luego de casi dos años de debate oral y puso fin a una de las causas más relevantes de los últimos tiempos en la Justicia Federal.
Durante el veredicto, la jueza Diamante afirmó que fue “la causa más compleja” que tuvieron hasta el momento, no solo por la cantidad de hechos y testigos, sino por “la dificultad en una circunstancia excepcional, ya que tocó juzgar a un par”.
“La decisión no fue neutra ni sencilla, pero hubo prudencia, profesionalidad y seriedad institucional. A pesar de haber juzgado a un par, eso no afecta a la imparcialidad“, sumó la presidenta del tribunal.
En ese sentido, fundamentó: “La acción de Bento constituyó una planificación sostenida para diseñar una estructura patrimonial. Seleccionó minuciosamente a los familiares que figuran como titulares de sus bienes para reducir su patrimonio real”. También aseguró: “El poder judicial no está por encima de la ley”.
Bento continuará preso en el complejo penitenciario federal de Cacheuta, en Luján de Cuyo, adonde había quedado detenido con prisión preventiva desde noviembre de 2023. En esa fecha, había sido destituido como juez federal por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, después de haber sido suspendido y enviado a juicio político por el Consejo de la Magistratura.
El exmagistrado fue declarado culpable de ser jefe de una asociación ilícita que, según la acusación, intervino en, al menos, 14 o 15 hechos de cohecho. También fue condenado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La fiscalía sostiene que, desde 2007, el juzgado que encabezaba ofrecía beneficios procesales (como libertades, sobreseimientos o imputaciones más leves) a personas investigadas en causas penales a cambio de dinero, vehículos de alta gama o propiedades.
De acuerdo con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), el circuito de sobornos habría movilizado al menos 1,7 millones de dólares. Durante el debate oral se analizaron cientos de miles de fojas, volúmenes masivos de evidencia digital y declararon alrededor de 300 testigos.
Fuente: RadiosPlay.
