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En el requirimiento, se señaló que la calificación más adecuada para juzgar al principal sospechoso es por “abandono de persona agravado”, un delito que prevé una pena de 5 a 15 años de prisión.
En el avance de la causa que investiga la muerte de la modelo brasileña Emmily Rodrigues, la fiscalía pidió que el empresario Francisco Sáenz Valiente sea llevado a juicio oral por los delitos de “suministro gratuito de estupefacientes y facilitación del lugar para su consumo; y abandono de persona agravado por el resultado de muerte”.
La solicitud fue realizada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°10, a cargo del fiscal Alberto Adrián María Gentili, y la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de Mariela Labozzetta.
En el requerimiento, los fiscales indicaron que si bien Sáenz Valiente fue procesado por el delito de “homicidio imprudente”, la calificación que más se acerca a lo que ocurrió es a la de “abandono de persona”, un delito que prevé una pena de 5 a 15 años de prisión, según el Código Penal.
Los argumentos de la fiscalía
De acuerdo a lo que estableció la fiscalía, en la madrugada del 30 de marzo de 2023, Sáenz Valiente organizó una reunión en su departamento de la calle Libertad al 1500, a la que asistieron cuatro mujeres, entre ellas Emmily Rodrigues. Según la investigación, el empresario fue quien proveyó las sustancias que se consumieron durante el encuentro —cocaína, tusi y alcohol— y también facilitó el lugar para su ingesta.
Los fiscales sostuvieron que, con el correr de las horas, la joven brasileña comenzó a presentar un cuadro de “alteración psíquica evidente”, producto del consumo de estupefacientes, una situación que era perceptible para todos los presentes. Sin embargo, pese a ese estado, Sáenz Valiente no interrumpió la reunión ni solicitó asistencia médica inmediata.
Para los representantes del Ministerio Público Fiscal, ese comportamiento fue determinante: consideraron que el imputado creó y controló un escenario de riesgo y que, al advertir la descompensación de la víctima, tenía el deber de actuar para proteger su vida. Lejos de hacerlo, continuó con el encuentro y permitió que Emmily siguiera consumiendo sustancias, aún cuando ya no estaba en condiciones de valerse por sí misma.
Recién cerca de las 9 de la mañana se realizaron los primeros llamados a los servicios de emergencias, cuando la joven atravesaba un estado de desesperación, con gritos y pedidos de auxilio que también fueron escuchados por vecinos del edificio. Minutos después, Emmily cayó desde una ventana del sexto piso hacia el pulmón del edificio y murió durante su traslado al Hospital Fernández.
En ese contexto, la fiscalía entendió que la figura penal que mejor se ajusta a los hechos es la de “abandono de persona agravado por el resultado de muerte”, ya que el empresario habría omitido ofrecerle ayuda o asistencia médica de manera oportuna a una persona que él mismo había colocado en una situación de extrema vulnerabilidad.
Además, el requerimiento remarcó que el análisis del caso debe realizarse con perspectiva de género, ya que se trata de la muerte violenta de una mujer que ocurrió en un contexto sexualizado, lo que, según señalaron, impone al Estado la obligación de investigar y juzgar los hechos “en estricto cumplimiento de los estándares internacionales de protección de derechos humanos, libre de estereotipos y prejuicios de género”, concluyeron en el comunicado.
Ahora será el juez quien deberá resolver si hace lugar al pedido de la fiscalía y eleva la causa a juicio oral contra el empresario Sáenz Valiente.
Fuente: RadiosPlay.
